Agencia Uno TV. Octubre 09, 2024.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó al Senado de la República una serie de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de regular el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados en la elección extraordinaria programada para el 1 de junio de 2025.
El propósito de las reformas es garantizar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en todas las etapas del proceso electoral, así como asegurar la tutela efectiva a través de los medios de impugnación correspondientes.
En las elecciones del 1 de junio de 2025 se votará para elegir a:
También se votará por jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales, siempre que las legislaturas locales armonicen sus constituciones para participar en la misma elección.
El proceso contempla la organización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales para la elección de cargos locales.
Las etapas incluyen la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral, el cómputo de votos y la declaración de validez de los resultados.
Las fechas clave para la elección extraordinaria son:
Según la presidenta Sheinbaum, el INE se encargará de la organización de la elección, por lo que darán a conocer con tiempo suficiente cómo y en dónde se va a votar.
Entre las disposiciones incluidas en estas reformas, se establece que las campañas deberán ser públicas, transparentes e inclusivas, garantizando igualdad de condiciones para todos los participantes.
También se prohíbe el financiamiento público o privado a las candidaturas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación y la entrega de materiales promocionales, con la excepción de contenido gráfico.
Asimismo, el INE tendrá la responsabilidad de aprobar el modelo de la boleta electoral, organizar foros de debate y vigilar que se respeten las reglas de fiscalización y topes de gasto de campaña, asegurando que el proceso se realice bajo condiciones de equidad y transparencia.