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Iniciativa va contra chelerías en CDMX; prevén multas

Iniciativa va contra chelerías en CDMX; prevén multas

Agencia Uno TV. Septiembre 24, 2024.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, mandó cuatro iniciativas al Congreso, sin embargo, la que resaltó es la sanción a la venta de alcohol en vías públicas, a la cual se le apodó “ley michelada”.

¿De qué trata la “ley michelada”?

La iniciativa comprende sancionar la venta de alcohol en vías públicas, en algunas zonas conocidas como chelerías, con multas de hasta 30 UMAS, arresto de 36 horas y trabajo comunitario.

El agregado sería para el artículo 28 de Ley de Cultura Cívica y sería el siguiente:

“Son infracciones contra la seguridad ciudadana: I. a V… V BIS. Vender bebidas alcohólicas en la vía pública, a excepción de aquellos casos ubicados dentro de ferias, romerías o festividades, que cuenten con autorización de las instancias administrativas competentes”.

Lo anterior se acompaña de una modificación al Código Penal local en el artículo 286 en el cual sancionará a personas o propietarios que rompan sellos de clausura o suspensión de actividades.

“Al que, valiéndose de cualquier medio, quebrante la salvaguarda de los objetos, espacios o inmuebles asegurados por orden de autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 100 a 500 días multa”.

“Se equipará al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con una pena, de prisión de seis a 12 años y de mil a 5 mil días multa, al titular, propietario, poseedor, representante o responsable de una construcción, edificación, medio publicitario o establecimiento mercantil, en estado de clausura, suspensión de actividades o aseguramiento que permita, realice o promueva actos de comercio, construcción o prestación de un servicio, aun cuando los sellos permanezcan incólumes”.

En caso de que se apruebe, cuidado.

Iniciativas

Las otras iniciativas de Batres tratan sobre temas de reconstrucción de viviendas, un nuevo límite para hospedarse en los Airbnb y una modificación “para establecer con claridad que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar el bienestar social”, explico el Gobierno hace unos días.