Agencia El Universal. Marzo 05, 2024.
Más de 77 mil mujeres forman parte de la población económicamente activa en México, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2022 y, a pesar de que representan 40% de la fuerza laboral en el país, aún ocupan, principalmente, puestos enfocados en el comercio, como oficinistas o trabajadoras de la educación, mientras que, por otro lado, los lugares de funcionarios y directivos continúan en manos de los hombres.
Esto tiene una consecuencia tácita: el sueldo de las mujeres está por debajo del de la población masculina. Los datos de la ENOE 2022 revelan que la mitad de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo son mujeres, pero al buscar su participación en sectores donde la paga es de hasta cinco salarios mínimos —más de mil pesos al día— sólo ocupan 30% de este universo.
Esto se refuerza con los datos publicados por Fundar en su informe Tributación feminista: los casos de Argentina y México, un estudio que por primera vez analiza los ingresos y deducciones por género en el país y muestra que la brecha salarial está presente en todos los niveles. Para analizar esto se divide a la población en 10 partes y se ordena dependiendo su ingreso, a partir de ahí el documento revela que los últimos cuatro escalones, en donde se concentra la población con mayores salarios, no sólo la participación de las mujeres es menor, en promedio apenas de 30%, sino que la distancia entre los sueldos se hace más notoria.
Por ejemplo, en el decil 10, formado apenas por 399 mil 783 mexicanos con un ingreso promedio mensual de alrededor de 144 mil 664 pesos, sólo 24% son mujeres, y la brecha salarial es de aproximadamente 268 mil pesos entre género al acumularlos de manera anual, expone el análisis de Fundar a partir de los datos abiertos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que datan de 2015.
La actualización de estos datos es esencial para crear una política tributaria con perspectiva de género: “Es urgente que el SAT publique información sobre el pago de impuestos, y que además lo haga de manera desagregada en función del sexo de las personas. Esto es de hecho una obligación de ley que está vigente desde la publicación de la Ley de Ingresos 2017, donde se establece que la información debe publicarse de manera bianual. Sin embargo, el SAT se ha negado a hacerlo”, asegura Andrea Larios Campos, investigadora del programa de justicia fiscal en Fundar México.
Con esta realidad encima, la situación se vuelve más desigual al momento de analizar la contribución tributaria de las mujeres en el país, ya que al tener sueldos menores y patrones de consumo diferentes, no son candidatas a ciertos beneficios otorgados por el sistema tributario que se concentran entre aquellos que perciben mayores ingresos y trabajan en la formalidad.
Un ejemplo es el Impuesto Sobre la Renta (ISR); de acuerdo con las estimaciones hechas por Fundar, los hombres acceden a las deducciones de ISR en una proporción significativamente mayor que las mujeres. (75.8% contra 24.2%).
El análisis muestra que hay deducciones que benefician, principalmente, a trabajadores asalariados de tiempo completo que laboran en el sector formal, pero no se toma en cuenta a las mujeres del sector informal, un ramo en donde 56% son mujeres de 15 años o más, según la ENOE.
Otro punto relevante es que, a pesar de que en seis de los 10 deciles las mujeres cuentan con deducciones promedio mayores a los hombres, la población femenina representa menos de 40% de los datos analizados en todos los deciles, por lo que la proporción del beneficio económico que obtienen de las deducciones totales es menor.
Organizaciones como la Cepal aseguran que las políticas fiscales pueden reducir o ampliar las desigualdades de género y que una serie de impuestos, como el IVA, afectan principalmente a las mujeres, ya que no toman en cuenta su capacidad económica, por lo que sugiere aumentar la recaudación pero de forma progresiva, es decir, impuestos acorde al nivel de riqueza.
La realidad es simple: el mercado laboral y el sesgo implícito en la política fiscal han perpetuado la desigualdad económica que existe entre hombres y mujeres en México.