Julio 14, 2026. Los terremotos del 24 de junio han puesto a Venezuela frente a una nueva oleada migratoria, en momentos en que los sistemas de refugio trabajan al límite y Estados Unidos tiene cerrada la ruta que durante años llevó a millones en busca del sueño americano.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculó que hasta 6 millones 760 mil personas podían haber sido afectadas por los sismos, con hasta 2 millones sólo en Caracas; la directora general de OIM, Amy Pope, advierte que “ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad”.
La crisis política, económica, sanitaria que vive Venezuela hace décadas convirtió al país en expulsor de millones de personas. Los terremotos se suman a este coctel. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su reporte de respuesta para julio-diciembre de 2026 habló de miles de familias afectadas por muerte, heridas, desplazamiento, daños en viviendas y ruptura de servicios esenciales.
“Esa suma de circunstancias es la materia prima de una nueva presión migratoria; estamos hablando de familias sin techo, sin agua estable, sin escuela, sin ingreso y sin garantía de una reconstrucción; familias que buscan primero qué comer y luego dónde dormir, después dónde trabajar y luego dónde y cómo rehacer una vida”, advierte.
Por ello, la ONU y otras agencias están previendo nuevas oleadas migratorias. Ya se registran desplazados al interior de Venezuela, a las zonas no impactadas por los movimientos telúricos.
Sin embargo, se prevé que miles de venezolanos saldrán hacia Colombia, por su cercanía; otros más irán detrás de redes ya instaladas en Perú, Ecuador, Chile o México, país que ha recibido a cientos de miles que no pudieron llegar a Estados Unidos o que fueron devueltos.
El cierre de puertas que mantiene Estados Unidos complica la situación de los venezolanos.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a los venezolanos terminó en octubre de 2025. Tras los terremotos, abogados y organizaciones pidieron reabrirlo.
Kathia Quirós, abogada de inmigración, declaró públicamente que “si el gobierno de Estados Unidos quisiera, podría hacer una nueva designación”. La ley permite protección por desastre natural; la decisión política va en sentido contrario. Pero a pesar de la magnitud de la tragedia, la Casa Blanca mantiene en firme su cierre.
“Venezuela sufrió un golpe que encaja en la lógica humanitaria del TPS, y la administración Trump mantiene una estrategia de cierre que convierte a los países de tránsito y acogida en muros de contención”, dice la activista venezolana Patricia Andrade.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), integrada por más de 200 organizaciones, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil e iglesias en 17 países de América Latina y el Caribe, registró, en su reporte de abril a junio de 2025, que en México más de 70% de los migrantes y refugiados encuestados no tenía intención de regresar a su país de origen y que muchos buscaban quedarse en la región. Los países de origen mencionados con más frecuencia fueron Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.
Medios informaron que México cerró 2025 con más de 106 mil venezolanos entre refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, con un alza de 325% en solicitudes y una caída en el intento por llegar a Estados Unidos.
Pensar en regresar a Venezuela ha perdido fuerza; el ACNUR entrevistó en 2026 a venezolanos en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala y encontró que casi dos tercios no pensaban regresar. Si antes lo consideraban por reunificación familiar, los sismos alteraron ese cálculo. “Volver exige vivienda, hospitales, escuelas, servicios, transporte, documentación, seguridad y confianza, de lo cual hay muy poco o nada”, señaló el Alto Comisionado.
Con información de El Universal.