Agencia Excélsior. Diciembre 21, 2023.
Más de tres mil personas indocumentadas, provenientes de África, Asia y Centroamérica, ingresaron en masa a través de un hueco en el muro fronterizo, hacia la región de Lukeville, en Estados Unidos, donde un puñado de agentes de migración apenas pudo contenerlos para comenzar a procesarlos; en tanto, las autoridades de los gobiernos estatales, buscan evitar el cierre de otra garita entre Sonora y Arizona.
Diversos medios de comunicación de EU, que han instalado campamentos junto al muro fronterizo en la región de Lukeville, documentaron el ingreso masivo de miles de indocumentados ocurrido, la mañana de ayer, desde el desierto en Sonoyta.
David Figueroa Ortega, representante de Estado de Sonora ante las autoridades de Arizona, dijo que, a pesar que el tema migratorio es competencia de la Federación, los gobiernos de ambas entidades están trabajando en conjunto para evitar el cierre de más garitas en la frontera entre Sonora y Arizona, como ya sucede en Eagle Pass, Texas.
“Es un daño para los dos lados de la frontera, tanto daña la economía de Arizona como también daña la economía de Sonora y manda un mal mensaje, no son los cierres abruptos la solución, la solución es precisamente estar todos en la mesa buscando una estrategia conjunta para poder atender la crisis humanitaria que hoy estamos viviendo, con un fenómeno migratorio que no es privativo de Sonora, sino es a nivel global”, comentó.
Por su parte, los prestadores de servicios turísticos en Puerto Peñasco han advertido que diariamente el daño económico representa pérdidas por más de dos millones de pesos tan sólo en hospedajes, sin contar las pérdidas por la derrama económica en los demás productos y servicios.
Temen que el cierre de garitas entre Sonora y Arizona se agudice aún más luego que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el lunes una ley que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio. La medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el estado y el gobierno federal sobre los esfuerzos para reducir la inmigración irregular.
La ley, denominada SB4, también otorga a las autoridades texanas el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México. Esta legislación ha desatado miedo en toda la comunidad latina de Texas, que constituye 40% de la población del estado. La medida también ha sido condenada por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de la inmigración después de que la legislatura de Texas la aprobara el mes pasado.
La preocupación es que ante la promulgación de esta legislación los migrantes de África, Asia y Centroamérica decidan mejor pasar entre Sonora y Arizona, donde no están teniendo problema para cruzar ilegalmente el muro fronterizo con el apoyo de traficantes o polleros desde el lado mexicano.
La ley antiinmigrante conocida como SB4, y promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, es impugnable y su principal objetivo es político y xenofóbico, aseveró la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Multicast, Rendón aseguró que este “principalmente es un tema político. Greg Abbott ha utilizado políticamente una y otra vez a los migrantes”. Detalló que primero los envió “en autobuses a Washington, luego con la operación de la Estrella del Desierto (los afectó) con un montón de políticas antiinmigrantes, además del tema de las boyas”.
Aclaró que el gobernador de Texas tampoco “tenía que firmar esta ley que ya había sido aprobada en ambas Cámaras en noviembre y se supone que entra en vigor en marzo, pero él decide, simbólicamente firmarla el 18 de diciembre, el Día Internacional de las y los migrantes, para hacer mayor escándalo”.
Abundó que otro objetivo de esta ley SB4, y donde sí puede haber una afectación inmediata, “es que cuando un gobernador da este tipo de mensajes y promociona este tipo de leyes, se genera también un ambiente de mayor xenofobia, de mayor racismo. No hay que olvidar que en la época de (Donald) Trump, crecieron 20% los crímenes de odio en contra de latinos”.
Señaló que esta ley, “no sólo prevé la detención de migrantes indocumentados como un delito menor, y que si se niegan a ser detenidos se puede volver un delito mayor, hasta con 20 años de cárcel, sino que también prevé como un delito a aquel que transporta a alguien indocumentado, entonces la red de apoyo, la familia, los amigos, también estarían en peligro”.