Agencia El Universal. Diciembre 21, 2023.
El intento del expresidente Donald Trump por volver a la Casa Blanca se encuentra amenazado por dos frases que se le agregaron a la Constitución de Estados Unidos hace 155 años.
La Corte Suprema de Colorado prohibió el martes que Trump apareciera en la boleta electoral del estado en virtud de la Sección 3 de la 14ta Enmienda, la cual prohíbe desempeñar un cargo público a todo aquel que juramentó cumplir la Constitución y posteriormente “se involucró en alguna insurrección” contra ella. Es la primera vez en la historia que se ha utilizado la disposición para prohibir que alguien se postule a la presidencia, y es probable que la Corte Suprema federal tenga la última palabra con respecto a si el fallo se mantendrá.
De ratificarse —algo que muchos expertos jurídicos consideran poco probable— será el final de la campaña de Trump, debido a que la decisión del máximo tribunal no sólo sería aplicable en Colorado, sino en todos los estados. También podría abrir las puertas a un nuevo mundo de combate político, en el que en el futuro los políticos recurrirían a fallos jurídicos para eliminar a sus rivales en virtud de la misma cláusula.
Algunos conservadores incluso han sopesado la posibilidad de utilizarla contra la vicepresidenta Kamala Harris, quien recaudó fondos para cubrir la fianza de personas encarceladas durante los actos de violencia que siguieron al asesinato del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis. Dijeron que eso también debería considerarse una “insurrección” en contra de la Constitución.
A continuación presentamos algunas respuestas relacionadas a los casos vinculados a la 14ta Enmienda con los que se pretende prohibir que Trump aparezca en las boletas electorales:
Hasta el momento, es mínimo en realidad. Consciente de que el caso muy probablemente iría a la Corte Suprema, el máximo tribunal de Colorado suspendió por una mayoría de 4-3 su propia orden hasta el 4 de enero —un día antes de que las papeletas de las primarias vayan a impresión— o hasta que la Corte Suprema emita una decisión.
Técnicamente, el fallo sólo es aplicable para Colorado, y los secretarios de Estado de otras entidades han estado emitiendo comunicados en los que declaran que Trump continúa en las boletas de las primarias o asambleas partidarias de sus estados.
Pero esto podría envalentonar a otros estados para eliminar a Trump de las papeletas. Algunos activistas han solicitado a funcionarios electorales estatales que tomen la medida de forma unilateral, aunque ninguno lo ha hecho. Se han interpuesto decenas de demandas, pero todas habían fracasado hasta que se emitió el fallo en Colorado.
La Corte Suprema federal nunca se ha pronunciado respecto al significado de la Sección 3. Los jueces pueden escuchar el caso cuando quieran una vez que la campaña de Trump presente su apelación, la cual no se tiene prevista para esta semana. Posteriormente, el máximo tribunal podría emitir una determinación de diversas formas: desde ratificar el fallo hasta anularlo o evadir las cuestiones centrales con base en tecnicismos jurídicos. Pero muchos expertos advierten que sería riesgoso dejar sin respuesta un aspecto constitucional de tal relevancia.
“Es imperativo para la estabilidad política de Estados Unidos llegar a una resolución judicial definitiva en estas cuestiones lo más pronto posible”, escribió poco después del fallo Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, campus Los Ángeles. “Los votantes necesitan saber si su candidato a la presidencia es elegible”.
Siempre es peligroso tratar de predecir un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal se compone de seis jueces designados por republicanos, incluidos tres que fueron nominados por el mismo Trump. En parte debido a que se trata de un terreno jurídico completamente nuevo, es difícil predecir cómo votará cada juez basándose en su ideología.
Algunos de los más férreos defensores de utilizar la Sección 3 contra Trump han sido destacados teóricos jurídicos y abogados conservadores que argumentan que los tribunales deben apegarse a las palabras escritas en la Constitución. Aquí, afirman, no hay margen de maniobra para la interpretación: Trump claramente está descalificado.
Los siete jueces del máximo tribunal de Colorado fueron designados por demócratas. Pero se dividieron 4-3 en su determinación. La mayoría hizo referencia a un fallo de Neil Gorsuch —uno de los jueces conservadores nombrados por Trump para la Corte Suprema— durante su época de juez federal en Colorado. En ese entonces decidió que el estado hizo bien al no inscribir en la papeleta presidencial a un ciudadano naturalizado nacido en Guyana debido a que no cumplía con los requerimientos establecidos en la Constitución.
Los tribunales, sin embargo, suelen titubear mucho al momento de limitar las opciones de los electores. Incluso existe un término jurídico para ello: la “cuestión política”, si es mejor que una disputa jurídica sea resuelta por las personas que los votantes eligieron para crear las leyes o por jueces que no llegaron al cargo vía elección popular. Ese es uno de los motivos por el que todas las otras demandas relacionadas con la Sección 3 habían fracasado hasta ahora.
En ocasiones, los tribunales han evadido la cuestión central. Eso fue lo que sucedió en Minnesota, donde la Corte Suprema del estado permitió que Trump permaneciera en las boletas porque, según halló, el partido estatal puede poner a quien le plazca en las boletas para las primarias. Un tribunal de apelaciones de Michigan llegó a la misma conclusión. Un juez de Nueva Hampshire desestimó la demanda que interpuso un candidato presidencial republicano poco conocido, argumentando que la cuestión de si Trump debía estar o no en la boleta estaba fuera del alcance de los jueces.
La Sección 3 de la 14ta Enmienda se elaboró para evitar que antiguos miembros del gobierno o el ejército Confederado volvieran a ocupar cargos en el gobierno. Dice así:
“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los mismos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso, por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá eliminar esa incapacidad”.
La cláusula se utilizó a menudo durante los años posteriores a la Guerra Civil, pero cayó en desuso después de que el Congreso otorgó amnistía a muchos veteranos confederados en 1872. El único registro de su uso en el siglo XX, según expertos jurídicos, fue como justificación para negarse a ratificar a un legislador socialista en 1919 porque se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
El argumento para descalificar a Trump es que él claramente desempeñó un cargo en el gobierno de Estados Unidos, rindió juramento y lo rompió con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal. Por tanto, no puede volver a ocupar un cargo en el gobierno a menos que dos terceras partes del Congreso se lo permitan.
En contraparte, hay muchos argumentos para no descalificar a Trump. Los abogados del exmandatario han argumentado que, técnicamente, el presidente no es un funcionario “bajo la autoridad de Estados Unidos”; ése es un término jurídico específico que se refiere a funcionarios del gobierno designados y, por lo tanto, la cláusula no es aplicable a él.
Incluso si así fuera, han argumentado que el ataque del 6 de enero de 2021 no fue una insurrección, sino más bien una revuelta. E incluso si hubiera sido una insurrección, Trump no “tomó parte” en ella; lo único que hizo fue ejercer su libertad de expresión establecida en la Primera Enmienda. Y los tribunales estatales, se alega en el argumento, no están en posición para determinar si lo sucedido el 6 de enero fue una insurrección. Se requerirían al menos varios meses para llevar a cabo un juicio y recabar todos los hechos, y la mayoría de los testigos están fuera de su jurisdicción.
Finalmente, incluso si los tribunales llegan a la conclusión de que los actos del 6 de enero constituyen una insurrección y se prohíbe la participación de Trump, no les corresponde tomar esa decisión, pues es una cuestión política para el Congreso.
La opinión de la mayoría indicó que la Corte Suprema de Colorado sí tenía jurisdicción para decidir el asunto, que la presidencia era evidentemente un puesto bajo la autoridad de Estados Unidos y que las acciones de Trump en relación con el ataque al Capitolio encajan con la cláusula de insurrección, en parte porque durante un mitin previo instó a sus simpatizantes a pelear.
“El presidente Trump nos pide ratificar que la Sección 3 descalifica a todos los insurreccionistas que rompen juramentos, salvo al más poderoso de todos, y que prohíbe a los que rompen juramentos tener acceso a prácticamente cualquier cargo, tanto a nivel estatal como federal, excepto al más importante del país”, señaló la mayoría del tribunal en su opinión. “Ninguno de los dos resultados encaja con la redacción e historia de la Sección 3”.
Vale la pena hacer notar que tres jueces del máximo tribunal de Colorado coincidieron con algunos de los argumentos de Trump. En particular, les molestó la naturaleza apresurada e improvisada de un caso sin precedentes, el cual fue escuchado por una juez de Denver en menos de dos meses. Eso incluyó una semana de testimonios de parte de un puñado de policías y manifestantes que estuvieron presentes durante el ataque del 6 de enero, dos profesores de derecho constitucional y expertos en los poderes de emergencia de la presidencia y en discurso político de derecha.
“He estado involucrado en el sistema judicial desde hace 33 años, y lo que ocurrió aquí no se parece a nada que haya visto en un tribunal”, escribió el juez Carlos Samour en un disentimiento mordaz.
“Si el presidente Trump cometió un acto atroz digno de descalificación, debería ser descalificado en aras de proteger a nuestro sagrado sistema democrático, sin importar si los ciudadanos quisieran votar por él en Colorado”, concluyó Samour. “Pero una determinación así debe apegarse a las vías procesales apropiadas. Sin un proceso debido adecuado, es incorrecto que nuestro estado le impida desempeñar un cargo público”.