Agencia Excélsior.
A partir de ahora y hasta 2031, ninguna familia de migrantes podrá ser separada al ingresar a Estados Unidos desde México.
Ayer, un juez federal prohibió la medida que permite separar a padres e hijos en la frontera.
El fallo, que estará vigente por ocho años, bloquea la reanudación de una política que ordenó el expresidente Donald Trump.
“La separación de miles de familias representa uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de nuestro país”, dijo el juez federal de distrito Dana Sabraw, según la cadena de noticias NBC.
El caso representa la aprobación de un acuerdo entre el Departamento de Justicia y las familias representadas por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés.
Además, ratifica un acuerdo alcanzado en octubre pasado y fija un plazo de 30 días para unificar a las familias que sigan separadas.
“La práctica fue brutal, ofensiva y no cumple con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia”, agregó el juez en el fallo que puso fin a una impugnación de siete años.
Mientras recordaba y felicitaba a los abogados de ambas partes, el juez recordó una sensación de horror por las acusaciones iniciales y cómo las revelaciones posteriores lo dejaron cada vez más consternado por cómo se llevó a cabo la política en 2017 y 2018.
Sabraw, designado por el presidente George W. Bush, había ordenado el fin de las separaciones desde junio de 2018.
El funcionario judicial también ordenó que el gobierno reuniera a los niños con sus padres en un plazo de 30 días, lo que desató dificultades porque las bases de datos del gobierno no estaban vinculadas.
Incluso, los niños habían quedado dispersos en refugios de todo el país, no se sabía quiénes eran sus padres ni cómo encontrarlos.
Sabraw se refirió a otro expediente judicial de 2018 que describía cuántos padres fueron deportados sin saber dónde estaban sus hijos.
Para Lee Gelernt, abogado de la ACLU, que presentó una de las demandas, el acuerdo entierra la política de “tolerancia cero”.
“Proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro”, aseguró Gelernt en un comunicado.
Las familias que fueron separadas pueden ser candidatas para otros beneficios.
Entre ellos destaca estatus legal por hasta tres años en libertad condicional humanitaria, así como la reunificación en Estados Unidos a expensas del gobierno y acceso a un año de vivienda.
Asimismo, tendrán derecho a tres años de asesoramiento y asistencia legal en tribunales migratorios.
Sin embargo, el acuerdo no paga dinero a las familias. En 2021, la administración Biden consideró compensar a padres e hijos con cientos de miles de dólares a cada uno, pero las conversaciones se estancaron.