Agencia El Universal. Enero 10, 2024.
Perú anunció el martes que declarará en estado de emergencia la frontera común con Ecuador para que militares ayuden a la policía, luego de una serie de actos violentos en el país vecino, del asalto de un grupo de encapuchados armados en un canal de televisión mientras retransmitía en vivo y de la presunta fuga de dos líderes criminales ligados al narcotráfico.
También desde Estados Unidos y Bolivia llegaron mensajes de preocupación y apoyo para el país sudamericano, que vive sumido en la violencia e inseguridad desde hace al menos tres años y que cerró el año 2023 con un récord de 7 mil 600 homicidios.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, dijo a periodistas que la presidenta Dina Boluarte había ordenado el viaje a la frontera con Ecuador de los ministros de Defensa e Interior, así como el envío de policías para que ayuden a mejorar el control en el tránsito por los puestos fronterizos.
Ambos países tienen en total una frontera común de 1 mil 529 kilómetros, la mayoría en zonas inaccesibles de la Amazonía.
Otárola recordó que desde septiembre existe estado de emergencia para combatir la delincuencia en zonas de las regiones de Tumbes y Piura, ambas fronterizas con Ecuador. Pero, añadió que también se declarará en zonas de las regiones de Cajamarca, Amazonas y Loreto, las cuales también limitan con el país vecino.
“Cuando se declara el estado de emergencia se dispone que las fuerzas armadas acudan en apoyo de la policía nacional y sí, van a haber efectivos del ejército”, dijo Otárola.
En las zonas donde anteriormente se implementaron medidas contra el crimen se prohibieron los eventos sociales desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. También se suspendió el libre tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
La frontera entre Perú y Ecuador ha sido zona frecuente de tráfico de migrantes, también del contrabando de combustible, de productos de primera necesidad, de prendas de vestir y otros que se realiza por décadas entre ambos países.
Por su parte, el embajador Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció sobre lo ocurrido en Ecuador a través de la red social X, antes conocida como Twitter.
“Extremadamente preocupado por la violencia y los secuestros el día de hoy en Ecuador”, escribió en un mensaje en el que afirmó que los Estados Unidos, en apoyo al pueblo ecuatoriano, “estamos listos para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano”.
El alto funcionario del gobierno estadounidense confirmó además que permanecen “en estrecho contacto” con el equipo del presidente Noboa.
Y desde Bolivia, el presidente Luis Arce publicó un mensaje en X donde repudiaba “los hechos de violencia acaecidos en las últimas horas en la hermana República del Ecuador”, ofrecía apoyo para que retorne la tranquilidad al país y expresaba “plena solidaridad al pueblo y gobierno ecuatoriano que atraviesa una situación crítica de seguridad y lucha contra la delincuencia.
Asimismo, insistió en que “es urgente trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos”, una propuesta que, según indicó, Bolivia ya ha planteado en diversos encuentros internacionales.
Colombia, que tiene frontera con Ecuador, ha expresado su “explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho en la República del Ecuador” y ha rechazado “los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades del hermano país”. A través del Ministerio de Exteriores, ha trasladado su solidaridad con los afectados, ha pedido que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público.
Otros países latinoamericanos, como Argentina, han manifestado su “más firme respaldo” al Ejecutivo en “su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada que busca socavar el Imperio de la ley”, mientras que Brasil, se ha mostrado preocupado por las acciones violentas y ha expresado su solidaridad con el Gobierno y pueblo ecuatoriano ante los ataques. Ambos países han recordado a sus conciudadanos en el país que pueden contactar con su respectiva oficina consular.
La ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, por su parte ha adelantado en una entrevista que el Gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a enviar apoyo militar a Quito al considerar que el combate contra el narcotráfico es un “tema continental” que debe atenderse, según informa el periódico argentino ‘La Nación’.
También se han mostrado “atentos a la delicada situación” que se desarrolla en Ecuador otros gobiernos de la región, como Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, ha abogado por el “restablecimiento del orden y la actuación oportuna de la Justicia contra los autores intelectuales y materiales de estos inaceptables actos terroristas”.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha transmitido su “apoyo a las medidas provisionales de emergencia tomadas” por Noboa y ha considerado que “la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el marco de los derechos ciudadanos es fundamental en la región”.
“El control de los centros de privación de libertad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es imprescindible. Ecuador puede contar con el trabajo de la Secretaría General de la OEA en sus esfuerzos por la seguridad en el país”, ha agregado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trasladado que está monitorizando “la situación de Derechos Humanos durante la vigencia del Estado de excepción” y ha subrayado que la “actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control.
“La CIDH condena los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado; llama a la investigación diligente de los hechos”, ha señalado el organismo.