Octubre 07, 2026 | Quince familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, denuncian que un grupo armado que estaría bajo las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) las mantiene bajo control territorial, les cobra “cooperaciones” para comprar municiones y presiona a niñas, niños y jóvenes para consumir droga.
La denuncia llegó mediante un video y un comunicado dirigidos a los tres niveles de gobierno y que circuló en redes sociales. “Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, dice un hombre frente a un grupo de mujeres, niñas y niños.
El gobernador Eduardo Ramírez afirmó hace menos de un mes, el 11 de septiembre, que el 95% de los desplazados en Chiapas ya regresó a sus comunidades de origen, atribuyéndolo a la aplicación de la ley contra el CJNG y otros dos cárteles. Sin embargo, la denuncia de Tzanembolom pone en entredicho la continuación de estas familias en su comunidad.
Según el comunicado, cada persona que intenta salir de Fracción Tzanembolom debe pagar una multa de 1,500 pesos, cantidad que las familias ya no pueden cubrir porque el control del grupo armado les impide trabajar. “Seguimos encapsulados, no tenemos libertad de salir a comprar”, señalan.
Las familias afirman que han sido obligadas a vender bienes pertenecientes a quienes fueron desplazados de la localidad vecina de Centro Tzanembolom. Quien se niega a cumplir las órdenes del grupo, “te amenazan o te matan”.
Los denunciantes también mencionaron el asesinato de Eleuterio Arias Pérez el 20 de octubre de 2025, del que dijeron tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó sin que se abriera investigación. Las familias mencionan también a un adolescente de 15 años “asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público”.
Las autoridades rurales de la localidad también son señaladas en el documento. “Llegan con armas de fuego a amenazarnos”, acusan los denunciantes.
Sobre los menores de la comunidad se menciona: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”. Las familias no precisan el tipo de sustancia ni el método de coerción, pero vinculan esta práctica directamente con los mismos líderes señalados como integrantes del CJNG.
A la par de esa presión sobre los menores, las familias denunciantes sostienen que “nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas”, mientras cinco mandos que trabajan para el cártel reciben un pago mensual por sostener la estructura armada.
En el video, las familias piden protección específica para “niños, mujeres y adultos mayores”, a quienes describen como los más vulnerables ante el asedio del grupo que llaman “alborotadores”.
Las familias de Tzanembolom afirman que, durante un reciente programa de canje de armas por electrodomésticos operado por elementos de la Defensa, el grupo armado que las controla no entregó ningún arma.
Los pobladores hacen el llamado urgente de ayuda al gobernador Eduardo Ramírez, al fiscal general Jorge Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, a la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las familias piden también que el gobernador aplique “el lema de cero corrupción” con el que llegó al cargo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advierten.
El municipio de Chenalhó tiene 36,111 habitantes según el censo de 2010, de los cuales más del 84% es indígena y 72% vive en pobreza extrema, de acuerdo con datos compilados por el gobierno federal.
El Consejo Nacional de Población lo clasificó con grado de marginación muy alta, y en abril de 2026 el gobierno estatal destinó 2,694 millones de pesos para atender rezagos en 12 municipios, entre ellos Chenalhó.
El propio municipio registró otro episodio de desplazamiento forzado en septiembre de 2022, cuando un grupo armado expulsó a 200 indígenas de la comunidad de Santa Martha por una disputa territorial de 22 hectáreas con el municipio vecino de Chalchihuitán, con incendios de viviendas y, de forma extraoficial, seis asesinatos.
Las familias desplazadas de Centro Tzanembolom habían señalado en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de la organización Los Herrera y vinculado por ellas al CJNG, que recluta menores de once y doce años con pagos quincenales de 6,000 pesos y vende cafetales y terrenos de quienes fueron expulsados.
Hasta ahora, al menos tres organizaciones se disputan el territorio chiapaneco: el Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa; el CJNG, y el Cártel de Chiapas y Guatemala, fundado en 2022.
Con información de Infobae