Agencia Infobae.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto de las acusaciones en contra de su hijo, ‘Andy’ López Beltrán, luego de que el portal Latinus señaló que uno de sus amigos se ha hecho millonario con contratos que su empresa Romedic S.A de C.V. alcanzó con el gobierno de Quintana Roo, liderado por la morenista Mara Lezama Espinosa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este 8 de diciembre, mientras el líder del Ejecutivo aseguraba que la la oposición siempre lo ha atacado, apuntó que los intentos de difamación incluso ha alcanzado a su familia.
“Acaban de sacar un reportaje, estos de Claudio X. González, que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo. Que barbaridad. Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver”, expreso.
El mandatario federal se refiere a un reportaje realizado por el medio ya citado el pasado 6 de diciembre.
En él, se indica que un amigo del hijo mediano del primer matrimonio de López Beltrán, identificado como Jorge Amílcar Olán Aparicio, recibió en diciembre de 2022 un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo; todo mediante su empresa Romedic.
La firma, establecida en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, se dedica al suministro de medicamentos y materiales de curación. A pesar de estar en la lista negra de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) poco antes de firmar un contrato por 219 millones de pesos con el estado de Quintana Roo en octubre de 2022, Romedic mantuvo y aumentó su facturación en los últimos años.
De acuerdo con los datos compartidos, a un año de su creación, Romedic ya reportaba ingresos por 73 millones de pesos. “Para 2022, nada más el contrato del gobierno de Quintana Roo por 304 millones de pesos le cuadruplicó sus ingresos”, refiere Latinus.
Sin embargo, López Obrador indicó que en el caso hipotético de que esto fuera cierto, su hijo no tiene nada que ver.
“¿Qué tiene que ver Andrés? En el supuesto de que es su amigo, ¿qué tiene que ver si el tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito?”, cuestionó.
En esa línea, López Obrador aseguró que ni su familia ni él son corruptos, pues está en contra del clientismo y el amiguismo. “Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder y por eso no han podido destruirme”, comentó.
Continuando en la defensa de ‘Andy’, pidió a la oposición presentar pruebas de que su hijo está involucrado en los contratos de la empresa Romedic.
“Si demostraran que él es socio de la empresa, que hay un escrito donde él le pide al gobierno que le den el contrato, el recomienda, o le pide favor a un funcionario; pero nada, es nada más que supuestamente es amigo del que recibe el contrato”, agregó.
Aseguró que este hecho demuestra que sus opositores “están enojadísimos” porque se les está cayendo todo el régimen de corrupción. “Se está desplomando”, aseveró.
Cabe destacar que, en su columna Historias de reportero, titulada ‘El primer capítulo del clan’, Loret de Mola asegura que además de contar con grabaciones, dice poseer documentos que demuestran que tanto sus hijos como los amigos de estos tienen “metidas las manos en todo”; incluyendo Dos bocas, el Tren Maya, el sector salud y los estados que gobierna Morena.
Tras darse a conocer el reportaje, la precandidata del Frente Amplio Por México (FAM), Xóchitl Gálvez, junto con el Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron con urgencia una investigación sobre el presunto esquema de empresas utilizado por los amigos de Andrés López Beltrán.
A través de su cuenta de X ―antes Twitter― y sin hacer mención directa del hijo de López Obrador, Gálvez se pronunció al respecto.
“¡No tienen llenadera! Se debe investigar la red de contratos de distribución de medicamentos del hijo del Presidente y sus cuates. La denuncia es muy grave”, escribió.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados condenó los supuestos actos de corrupción y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control que inicien investigaciones y, de ser necesario, apliquen sanciones.