Agencia El Universal. Enero 23, 2024.
Tras la liberación de ocho militares involucrados en el Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dar a conocer la carta que el titular del Ejecutivo envió en diciembre a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.
En su conferencia mañanera de este martes 23 de enero en Palacio Nacional, López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay un interés político con la liberación de ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas porque buscan desprestigiar al Ejército y hacerlo quedar mal.
El Presidente dijo que desde hace 15 días le envió una carta a la ministra Piña para advertirle sobre esta situación.
“Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: libérelos, hace como 15 días, porque ya lo veíamos venir; igual que la (solicitud de) liberación del procurador. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, declaró el presidente López Obrador.
En atención a la instrucción del presidente López Obrador, la titular de Gobernación hizo pública la carta que se envió a la ministra presidenta de la SCJN “desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa”.
“Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, señaló Alcalde.
En el texto, la secretaria de Gobernación menciona la resolución del adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López, y Horacio Armando Hernández Orozco como ponente.
Apuntó que en la sesión estimaron “fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca”.
“Cabe señalar que la ejecutoría no ha sido formalmente notificada. En consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa:
“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, señala la carta.
El texto del 12 de diciembre, firmado por la secretaria de Gobernación, agrega que se confía en el Poder Judicial para velar por el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos de las víctimas y sancionar a los responsables para “no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.