Agencia Infobae. Septiembre 05, 2024.
Después de aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación y turnar la minuta al Senado, la Cámara de Diputados avanza en la reforma del artículo 2º de la Constitución Política para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, esto como parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida, propuesta inicialmente por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero, busca otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propio, además de asegurar el respeto a sus derechos humanos. La declaración referente a la reforma fue realizada por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien preside la Mesa Directiva en lugar de Ifigenia Martínez.
El documento menciona que la nación mexicana es de composición multiétnica y establece que la jurisdicción indígena será ejercida por autoridades comunitarias conforme a los sistemas normativos de dichos pueblos, siempre dentro del marco legal vigente de la Constitución y leyes aplicables.
La reforma también habilita a los pueblos y comunidades indígenas a participar en la construcción de modelos educativos basados en sus culturas, lenguas y métodos, en los términos del artículo 3º constitucional. Esto incluye el derecho a desarrollar y promover la medicina tradicional y la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio.
También se reconoce y asegura el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
Asimismo, el dictamen considera el derecho de las comunidades indígenas al desarrollo integral según sus formas de organización económica, social y cultural, respetando la integridad del medio ambiente y los recursos naturales. Además, se establece su derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar significativamente.
Los pueblos y comunidades afromexicanas también son reconocidos como sujetos de derecho público, y se les otorga la protección de su identidad cultural, modos de vida y su patrimonio cultural, material e inmaterial, junto con su propiedad intelectual colectiva. También se asegura su inclusión en la producción y registro de datos y estadísticas oficiales, conformando procedimientos y métodos de autoadscripción.
Finalmente, la reforma garantiza el derecho de mujeres indígenas y afromexicanas a participar en igualdad de condiciones en los procesos de desarrollo integral de sus comunidades, en la toma de decisiones de carácter público y en la promoción y respeto a sus derechos de acceso a la educación, salud, propiedad y disposición de tierra.
La sesión concluyó con la presidencia de la Mesa Directiva citando a los diputados para la próxima sesión, programada para el martes 10 de septiembre a las 11:00 horas.
De acuerdo con la ruta de la Cámara de Diputados, la tercera reforma constitucional, como parte del paquete de iniciativas del presidente López Obrador, será la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el caso de la reforma judicial, la minuta ya se encuentra en la Cámara de Senadores, donde fue turnada a comisiones, con el propósito de ser discutida y aprobada en el Pleno entre el martes y miércoles.
La celeridad del proceso se debe a que las reformas constitucionales también deben ser aprobadas por los congresos locales de al menos 17 entidades federativas. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de decreto será turnado al titular del Poder Ejecutivo, de modo que Andrés Manuel López Obrador podrá promulgarla en el Diario Oficial de la Federación antes de concluir su mandato el lunes 30 de septiembre.