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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con seguridad. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esto se debe a la “consideración de riesgo de su persona”. “Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad”, dijo. “Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad, y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, agregó. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó “licencia temporal” de su cargo tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de EE.UU. en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas. En medio del sismo político entre ambos países, el gobernador morenista reiteró que los señalamientos en su contra son “falsas y dolosas acusaciones”. En ese sentido, aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y que es su “vida de trabajo” la que respalda sus afirmaciones. Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo. Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

EU acusa a Rubén Rocha Moya de nexos con el cártel de Sinaloa

  • El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una acusación en EU por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa y Los Chapitos.

Agencia Excélsior. Abril 29, 2026.

Estados Unidos imputó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en el estado por nexos contra el narcotráfico. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el mandatario estatal.

El caso, que ya ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.

Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Según el expediente y los documentos judiciales revelados, la relación del gobernador con el crimen organizado habría sido fundamental para su ascenso y el control territorial del cártel. Los señalamientos contra Rocha Moya incluyen:

  • Apoyo electoral ilícito: La acusación sostiene que Rocha Moya llegó a la gubernatura en noviembre de 2021 gracias a que la facción de Los Chapitos intervino en las elecciones, secuestrando e intimidando a sus rivales políticos.
  • Reuniones con líderes del narcotráfico: Tanto en su etapa de candidato como de gobernador, Rocha Moya Moya presuntamente asistió a encuentros directos con miembros de Los Chapitos.
  • Pacto de impunidad: A cambio de su llegada al poder, se acusa al gobernador de prometer y garantizar total impunidad en Sinaloa para la organización criminal, permitiendo el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Los cargos de EU contra Rubén Rocha Moya

Las autoridades de Estados Unidos acusan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tres delitos por los que de ser juzgado en dicho país podría alcanzar la cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Las imputaciones contra el mandatario estatal incluyen:

  1. Conspiración para la importación de narcóticos.
  2. Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
  3. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
  4. Red gubernamental al servicio del narco

La imputación no solo implica al gobernador del estado. La red acusada por la corte neoyorquina operaba en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa. A cambio de recibir colectivamente millones de dólares en sobornos, los acusados presuntamente:

  1. Protegieron a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos.
  2. Filtraron información militar y de inteligencia policial para frustrar operativos.
  3. Desplegaron a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía de Investigación y a la Policía Municipal de Culiacán para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia brutal sin represalias legales.

¿Quiénes son los otros acusados?

Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados de nexos con el cártel de Sinaloa son:

  • Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
  • Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
  • Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
  • José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
  • Juan de Dios Gamez Mendivil, alcalde de Culiacán.
  • Juan Valenzuela Milán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Los nueve señalados en la acusación están acusados de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Sólo el último de los implicados, Juan Valenzuela Milán, también está acusado de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.