Agencia Vanguardia. Mayo 23, 2025.
El proceso contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, representa uno de los casos más relevantes en la lucha contra la corrupción en México.
De acuerdo con Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2009 y 2018 se realizaron 30 contratos irregulares en dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario federal. La suma de estos contratos alcanzó los 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos mexicanos.
Este esquema de corrupción fue detectado tras el cambio de administración federal en 2018, cuando se iniciaron las investigaciones correspondientes y se procedió con una demanda civil para recuperar el dinero desviado.
- En total, el Gobierno de México ha logrado recuperar 748 millones 829 mil 676 dólares, recursos que habían sido sacados del país mediante mecanismos financieros fraudulentos.
A pesar de que García Luna también enfrenta cargos penales en Estados Unidos, Pablo Gómez aclaró que el gobierno estadounidense no tiene vínculo alguno en el caso legal que sigue México. Sin embargo, tanto en México como en Estados Unidos existen procesos penales independientes en curso contra García Luna y su esposa, lo que demuestra la magnitud de la red de corrupción que ambos encabezaron.
Aunque el monto principal ya fue recuperado, Pablo Gómez subrayó que el caso no está cerrado. Las fechas para la continuación del proceso legal aún no están definidas, pero se prevé que haya nuevas resoluciones que esclarezcan por completo cómo se desviaban los recursos públicos durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
En un giro reciente, un tribunal colegiado de circuito concedió un amparo a la esposa del exfuncionario, permitiéndole utilizar el sistema financiero mexicano libremente, lo que podría dificultar nuevos bloqueos o incautaciones mientras se desarrollan los siguientes pasos legales.
El proceso legal contra Genaro García Luna y su esposa ha marcado un precedente en la historia judicial de México. No solo por la cantidad de recursos recuperados, sino también por lo que revela sobre las redes de corrupción de alto nivel que operaron durante varios sexenios.
La labor de la UIF, encabezada por Pablo Gómez, ha sido clave para desmantelar esta “trama corrupta” y mostrar que incluso los funcionarios de más alto rango pueden rendir cuentas ante la justicia.
El caso continúa y podría arrojar más luz sobre la forma en que se desviaban los recursos públicos, reafirmando el compromiso del gobierno actual con el combate frontal a la corrupción.