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“No soy un traidor de la patria”: Yunes Linares justifica su voto por la reforma judicial en el Senado

“No soy un traidor de la patria”: Yunes Linares justifica su voto por la reforma judicial en el Senado

  • El ex gobernador veracruzano se presentó este martes al Senado para asumir el cargo en calidad de suplente.

Agencia Infobae. Septiembre 10, 2024.

El senador panista Miguel Ángel Yunes Linares negó que sea un “traidor de la patria”, como acusa la oposición, y desde la tribuna de la Cámara de Senadores aseguró que no ha negociado nada y que nadie lo obligará a votar en un sentido específico respecto a la reforma al Poder Judicial.

El ex gobernador veracruzano se presentó este martes al Senado para asumir el cargo luego que su hijo, Miguel Ángel Yunez Márquez solicitó licencia para ausentarse de la votación. Después de rendir protesta, el senador suplente señaló que emitirá su voto de acuerdo con sus propias convicciones.

Yunes Linares destacó la importancia de la libertad legislativa y afirmó que es “antidemocrático pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad”, refiriéndose a la controversia alrededor de su hijo y colega de partido, Miguel Ángel Yunes Márquez.

El senador titular solicitó una licencia sin divulgar públicamente el sentido de su voto, lo que generó sospechas en la oposición de que los Yunes habrían pactado con Morena para darle a la 4T el voto necesario para alcanzar la mayoría calificada.

Ante el eventual apoyo a la reforma impulsada por Morena, surgió la amenaza de expulsión para Yunes Márquez de parte del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza.

Cortés Mendoza aseguró que los senadores del PAN se mantendrán firmes en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Cortés Mendoza enfatizó que los legisladores seguirán “luchando con valor”. También exhortó a Yunes Linares a “posicionarse del lado correcto de la historia” y honrar los votos que apoyaron al PAN y su coalición.

Senadores de oposición denuncian amenazas para apoyar la reforma judicial

Senadores del PAN realizaron un llamado urgente este martes al alertar sobre amenazas e intimidaciones provenientes del oficialismo, incluidas aquellas de las fiscalías para obligar a los legisladores a votar a favor de las reformas constitucionales del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto surgió especialmente tras la presunta desaparición del senador Miguel Ángel Yunes, representante de Veracruz, lo que levantó sospechas de un supuesto acuerdo con Morena.

A pesar de no confirmar dicho acuerdo, la secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, declaró en una entrevista que “casi es un hecho” que Yunes apoyará la reforma judicial.

Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuentan con 85 de los 128 escaños en el Senado, necesitando un voto adicional para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios requerida para modificar la Constitución, como se tiene previsto entre el martes y miércoles de esta semana.

En respuesta a la desaparición de Yunes y las supuestas negociaciones, los senadores del PAN hicieron un llamado al legislador a resistir las posibles amenazas del partido gobernante. “Estoy furiosa, la patria es primero”, expresó la senadora Lilly Téllez.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) también ha denunciado recientes actos intimidatorios en Campeche, dirigidos por la gobernadora de Morena, Layda Sansores. Según Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC, el padre del senador Daniel Barreda y Paul Arce, coordinador de la bancada en Campeche, fueron detenidos en lo que describió como parte de un “acuerdo oscuro” para influir en el voto contra la reforma judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha urgido al Senado a aprobar esta reforma avalada por la Cámara de Diputados la semana pasada, antes de entregar su cargo el 1 de octubre a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.

De ser aprobada, México introduciría elecciones populares para jueces y magistrados a partir de 2025, una propuesta que ha sido fuertemente criticada por la ONU, Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y socios comerciales de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá.