Octubre 13, 2026 | En un mensaje difundido en vídeo, anunció una investigación interna para determinar las responsabilidades de los elementos policiales involucrados.
Aunque dijo que se involucrará la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), esta instancia nunca se expresó contra el uso de la fuerza durante y después de la protesta, tampoco señaló las violaciones a los derechos humanos que se cometieron.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.
El reconocimiento ocurre después de que la movilización ciudadana, convocada para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), terminó con el uso de chorros de agua a presión y gas lacrimógeno por parte de elementos antimotines.
Además se denunciaron enfrentamientos y detenciones arbitrarias en las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador.
De acuerdo con los reportes publicados tras la manifestación, el Gobierno de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas y que 28 policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
Sin embargo, familiares y manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias, tortura, violaciones al debido proceso y dificultades para conocer la situación jurídica de todas las personas que fueron arrestadas.
En su mensaje, Lemus afirmó que revisó decenas de videos de lo ocurrido y reconoció que el operativo presentó “graves deficiencias” y que, en su momento más crítico, se salió de control.
El gobernador sostuvo que algunos elementos policiales cometieron excesos y aseguró que ya están identificados.
Por ello, dijo haber solicitado una investigación interna, acompañada por la CEDHJ, para dar seguimiento a los procedimientos de sanción conforme al nivel de responsabilidad de cada persona involucrada.
También señaló que deben garantizarse la reparación del daño y la no repetición de los hechos.
No obstante, el anuncio de una investigación no equivale a una determinación de responsabilidades.
Queda por conocer qué hechos serán investigados, cuáles serán los mecanismos de participación de las personas afectadas, qué medidas de reparación se ofrecerán y qué sanciones se impondrán, en su caso, a los responsables.
Ciudadanos consideran que la situación de las personas detenidas también requiere seguimiento.
Aunque Lemus aseguró en el video que todas habían recuperado su libertad, omitió decir que seguirán procesos y carpetas de investigación abiertas, tal y como lo determinó el Ministerio Público.
La última de las personas liberadas fue David Isaac Alvarez Hernández, acusado de desobediencia y resistencia de particulares.
Horas antes del anuncio del gobernador, la autoridad judicial decidió liberar a Israel Rosas Flores e Iván Octavio, acusados también de lesiones.
CEPAD, organización de derechos humanos que acompañó a las y los detenidos, denunció como una grave irregularidad que durante todo el proceso se haya impedido a las personas detenidas designar libremente a las personas defensoras de su elección durante las audiencias.
Esto obstaculizó el ejercicio efectivo de su derecho a una defensa adecuada y las garantías del debido proceso.
En el mismo mensaje, el gobernador se refirió a las preocupaciones ciudadanas sobre la iniciativa enviada al Congreso local para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
Lemus aseguró que el servicio de agua potable no será privatizado, que no se contratará deuda y que no aumentarán las tarifas que paga la ciudadanía.
También negó que el servicio vaya a entregarse a una empresa israelí.
Estas afirmaciones constituyen compromisos expresados por el mandatario.
Sin embargo, su alcance deberá contrastarse con la iniciativa, el esquema de financiamiento propuesto y las condiciones del proyecto.
La discusión sobre el acueducto ocurre en medio de las protestas ciudadanas por la mala calidad del agua que llega a los hogares de la ZMG.
Con información de Diario de Yucatán