Agencia Uno TV. Noviembre 28, 2024.
El Senado de la República aprobó reformar el artículo 19 constitucional para incluir cuatro nuevos delitos dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa. La medida aplicará a quienes cometan extorsión, tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, actividades ilícitas con precursores químicos, contrabando y emisión de comprobantes fiscales falsos.
Con esta reforma, los jueces deberán ordenar prisión preventiva automática para los delitos señalados. La senadora Lucía Trasviña, de Morena, explicó la importancia de la medida:
“Permitir que un extorsionador o productor de drogas sintéticas permanezca libre mientras enfrenta un juicio es condenar a nuevas víctimas, prolongar el sufrimiento y alimentar la desconfianza en el sistema de justicia”.
Además, el contrabando y la emisión de comprobantes fiscales falsos se consideran delitos graves debido a su carácter sistemático y organizado. La senadora Guadalupe Chavira señaló:
“Estamos claramente ubicando a quienes son delincuentes de cuello blanco, sin dañar la presunción de inocencia”.
El bloque opositor manifestó preocupaciones sobre los posibles riesgos de la reforma. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, advirtió:
“Esta medida puede ser usada para persecución política en un país donde cada día es más fácil fabricar delitos y construir culpables”.
Por su parte, el senador Marko Cortés, del PAN, expuso datos alarmantes sobre la prisión preventiva oficiosa:
“El 70% de los mexicanos que entran a la cárcel bajo esta figura resultaron no ser culpables, pero el Estado destrozó sus vidas y las de sus familias”.
La mayoría parlamentaria justificó la medida por los altos índices delictivos. Según el senador Héctor Huerta, la prisión preventiva busca proteger a las víctimas y evitar la fuga de infractores:
“Esta medida tiene una naturaleza social, aunque exista el riesgo de privar de libertad a inocentes”.
La reforma fue aprobada en lo general por 94 votos a favor y 34 en contra. Tras desechar reservas al dictamen, el decreto fue enviado a las legislaturas estatales para continuar con el trámite parlamentario.