Agencia Uno TV. Noviembre 19, 2024.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, por mayoría de tres votos contra dos, que el Senado de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE) continúen con el proceso electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados.
La decisión se basó en que este proceso está amparado por un mandato constitucional y, por tanto, no puede ser suspendido.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, sostuvo que es “constitucionalmente inviable” suspender el proceso electoral para la elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación, ya que corresponde a una obligación derivada de la Constitución. En su intervención, señaló que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puede suspender, limitar o restringir las actividades relacionadas con este proceso electoral.
La Sala Superior desechó los amparos promovidos por jueces y magistrados que buscan frenar el proceso electoral judicial. Según el Tribunal, no existen bases jurídicas para que otro órgano, fuera del TEPJF, decida sobre este tema.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera explicó que, dado que la elección de jueces y magistrados tiene una “naturaleza electoral”, corresponde exclusivamente al TEPJF resolver cualquier controversia que surja en el marco de este proceso. Por ello, las órdenes de los Tribunales de amparo que intentaban paralizar el proceso no tienen validez.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra de la resolución, considerando que la cuestión debía ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según ellos, el TEPJF debería haber aplazado su decisión hasta que la SCJN se pronuncie sobre los conflictos de competencia planteados por un tribunal colegiado.
Janine Otálora argumentó que la Sala Superior debería esperar a que la SCJN decida sobre los conflictos legales relacionados con este proceso.
Reyes Rodríguez también apoyó la idea de que la SCJN resuelva los posibles conflictos de competencia, dada la complejidad del caso y la interrelación de los procesos constitucionales y judiciales en juego.